La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó que el gobierno de la CDMX pueda cobrar un 2% sobre las comisiones de plataformas digitales de entrega (como Uber Eats, Didi Food, Rappi y otras) por el uso de la infraestructura de la ciudad. La decisión se tomó con 7 votos a favor y 2 en contra, y revoca recursos de amparo que buscaban frenar el cobro.
😤 ¿Qué está pasando?
- La Corte consideró que no se trata de un impuesto común, sino un “aprovechamiento” por uso de infraestructura urbana y lo declaró constitucional, aunque la redacción original del Código Fiscal no dejaba claro ese concepto.
- Aunque los ministros afirmaron que el pago recae en las empresas y no directamente en los repartidores o clientes, los repartidores ven una realidad distinta: temen que las plataformas trasladen ese costo hacia sus ganancias o incluso hacia lo que paga el usuario final.
📢 Las protestas no paran
Antes de la votación, Repartidores Unidos de México (RUM) volvió a manifestarse frente a la SCJN exigiendo que se frene el cobro porque afectaría sus ingresos.
Los repartidores han expresado:
- Que ya pagan IVA, ISR, SS, licencia de conducir, gasolina y mantenimiento de sus vehículos.
- Que este nuevo cargo, aunque legalmente aplicado a las empresas, terminará pegando en su bolsillo o reduciendo oportunidades de trabajo.
Uno de los mensajes que más se escuchó en las protestas fue algo que muchos choferes y repartidores sienten:
“Ya pagamos impuestos y costos por todos lados… y ahora otro más.”, cuentan en una nota de La Jornada
📉 ¿Por qué importa esto para choferes y repartidores?
Aunque en el papel la Corte diga que las plataformas deben pagar, en la práctica hay varios riesgos reales:
- Las compañías podrían ajustar las tarifas por entrega para compensar el 2%, reduciendo lo que llega a los repartidores.
- Podría haber menos viajes disponibles si plataformas intentan mantener su rentabilidad.
- El costo total para el usuario podría subir, afectando la demanda de servicios.
📌 ¿Qué sigue?
Los repartidores y colectivos como RUM siguen alertas y organizados para buscar otras vías legales o de presión que detengan o modifiquen este cobro, mientras muchas y muchos choferes chingones están evaluando cómo este cambio podría impactar su día a día.